La Contraloría General de la República identificó a 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, que entre enero de 2024 y junio de 2025 realizaron transacciones en casinos de juego por casi $11.500 millones, pese a mantener prohibición legal de apostar, concentrándose la gran mayoría del monto en 181 personas cuyas apuestas no se condicen con su nivel de remuneraciones.

La Contraloría General de la República (CGR) informó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871 entre enero de 2024 y junio de 2025, pese a encontrarse legalmente prohibidos de efectuar apuestas por su calidad de administradores o custodios de fondos públicos. Estos antecedentes se recogen en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 20, emitido el 23 de marzo de 2026.

De acuerdo con el informe, del total de 910 funcionarios detectados, 181 concentran el 96,8% del monto total transaccionado, es decir, $11.118.431.956, y en estos casos las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones. La CGR advierte que estas operaciones económicas se realizaron en contravención a la prohibición establecida en el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, que impide a quienes administran o custodian fondos públicos, afectos a rendir caución o garantía, efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos de juego.

El consolidado se elaboró a partir del cruce de información entre el registro de funcionarios públicos y municipales que administran fondos del Estado y los antecedentes de clientes que realizaron operaciones en casinos, proporcionados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y los operadores de casinos. La Contraloría precisa que los resultados se basan en los datos suministrados por la SCJ y en los reportes de los distintos casinos, detectándose incluso eventuales deficiencias en la información entregada por estos últimos.

El informe identifica, además, a los servicios y entidades municipales donde se concentran los mayores montos apostados. Entre ellos se encuentran funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, Carabineros de Chile, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y diversas municipalidades, como San Ramón, Puerto Montt, Concepción, Chiguayante, Valdivia, Quilicura, Rengo y otras, con cargos que van desde directivos y fiscalizadores hasta oficiales y jefaturas. Solo los 20 mayores montos transados superan los $5.392 millones, con casos individuales por sobre los $1.000 millones.

A partir de estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan, asegurando el debido proceso a los denunciados. Asimismo, enviará la nómina a cada uno de los servicios públicos y municipalidades respectivas, para que, dentro de cinco días desde su notificación, inicien los procedimientos disciplinarios y determinen las eventuales responsabilidades administrativas, debiendo informar el desarrollo de dichas acciones mediante la plataforma SIAD.

Adicionalmente, la CGR remitirá al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado la nómina de las 181 personas con mayores montos transados, cuyas apuestas no se condicen con su nivel de remuneraciones, para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones. De este modo, el órgano de control busca reforzar los estándares de probidad y resguardo de los recursos públicos, enfrentando conductas que podrían comprometer la confianza en la administración del Estado y dar lugar a eventuales responsabilidades penales y civiles.

En AMMOT seguiremos atentos a las acciones que adopten los organismos competentes y a los criterios que se vayan consolidando en materia de responsabilidad administrativa y penal de funcionarios que vulneran las prohibiciones legales asociadas a la administración de fondos públicos.