La ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó tres autos de procesamiento contra exagentes de la disuelta DINA por los secuestros calificados de Hugo Ernesto Salinas Farfán, Hernán Enrique Toledo Guajardo y Joaquín Gregorio Espinoza Peralta, hechos ocurridos entre enero de 1975 y enero de 1976 en comunas del sector sur de la Región Metropolitana y vinculados al ex centro de detención clandestino Villa Grimaldi.

En el marco de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, dictó tres autos de procesamiento por el delito de secuestro calificado en contra de exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Las resoluciones se refieren a los casos de Hugo Ernesto Salinas Farfán, Hernán Enrique Toledo Guajardo y Joaquín Gregorio Espinoza Peralta, todos detenidos ilegalmente y sometidos a tormentos en el recinto clandestino conocido como Villa Grimaldi.

En la causa rol 13-2024, la ministra sometió a proceso a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana y Gerardo Ernesto Godoy García, como autores del secuestro calificado de Joaquín Gregorio Espinoza Peralta, militante del MIR, detenido sin orden judicial el 13 de febrero de 1975 en la comuna de San Miguel y trasladado a Villa Grimaldi, donde permaneció recluido y fue sometido a interrogatorios bajo tortura.

En la causa rol 13-2024 A, la misma nómina de exagentes de la DINA fue procesada por el secuestro calificado de Hugo Ernesto Salinas Farfán, también militante del MIR, detenido el 3 de enero de 1975 en la comuna de La Cisterna. La víctima fue llevada a Villa Grimaldi, donde sufrió diversos apremios ilegítimos, incluidos golpes, aplicación de electricidad, simulacros de fusilamiento y confinamiento en una pequeña dependencia conocida como “casa CORVI”, para luego ser trasladado al campo de prisioneros Cuatro Álamos.

Finalmente, en la causa rol 13-2024 B, la ministra Cifuentes sometió a proceso a Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Ernesto Godoy García como autores del secuestro calificado de Hernán Enrique Toledo Guajardo, militante del MAPU, detenido sin derecho el 8 de enero de 1976 en Puente Alto. Tras su detención, Toledo fue conducido a Villa Grimaldi, donde fue reiteradamente golpeado, desnudado y sometido a aplicación de electricidad, para luego ser trasladado a Cuatro Álamos, Tres Álamos y al campamento de detenidos de Puchuncaví, recuperando su libertad en noviembre de 1976.

En las resoluciones, la ministra da por acreditado que, a la época de los hechos, la DINA estaba dirigida por Juan Manuel Contreras y que los centros de detención clandestinos, entre ellos Villa Grimaldi, operaban bajo la estructura de la Brigada de Inteligencia Nacional y de diversas agrupaciones operativas, como Halcón, Vampiro y Tucán, a cargo de oficiales como Miguel Krassnoff, Fernando Lauriani y Gerardo Godoy. Estos nuevos procesamientos se suman a un conjunto de causas que buscan establecer responsabilidades penales por detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas cometidas en el ex cuartel Terranova, hoy Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Este tipo de decisiones judiciales refuerza la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, así como de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias. En AMMOT seguimos monitoreando la evolución jurisprudencial en materia de crímenes de lesa humanidad y responsabilidad de agentes del Estado.